La armadora del pesquero español Playa Pesmar Uno ha reconocido que la embarcación, capturada el domingo por un guardacostas de la Prefectura Naval Argentina (PNA), pescó unas horas dentro de la zona económica exclusiva de la Argentina, pero alegó que se debió a “un error de los navegadores de GPS”.
El buque permanece amarrado en el puerto de Comodoro Rivadavia, Chubut, a la espera de que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación dicte una sanción.
La empresa propietaria del pesquero congelador, Pesquerías Marinenses , admitió que el buque violó los límites marítimos argentinos y faenó a 0,4 millas aguas adentro del límite de la ZEE, pero sostuvo que esto se debió a una falla en uno de los tres GPS que lleva a bordo.
Fuentes de la representación legal de Pesquerías Marinenses dijeron a la agencia EFE que lass autoridades argentinas verificaron en Comodoro Rivadavia que uno de los tres GPS que lleva a bordo presenta una desviación, en tanto que los otros dos coinciden.
Indicaron que en ese puerto se probaron los sistemas de posicionamiento del barco, y que dos de los dispositivos situaron al buque en el muelle, mientras que el otro, el que marca la posición en el mapa del capitán, lo hacía en otra dirección.
La estrategia de la defensa de la empresa se basará en que no hubo “mala fe” para buscar reducir la sanción y alcanzar un acuerdo con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Nación que interviene en el caso.
El abogado encargado de la defensa legal de la armadora dijo que están “agilizando para intentar llegar al acuerdo” lo antes posible.
Para evitar el decomiso de las 320 toneladas que el Playa Pesmar Uno llevaba a bordo, la compañía tiene que demostrar que la mayoría había sido capturada en aguas internacionales. Para esto es clave el uso de los datos del diario electrónico de a bordo (DEA) enviados a Madrid.
Considerando el valor de la carga de pescado que llevaba el pesquero español y que se presupone fue capturada en aguas argentinas, los responsables de la embarcación enfrenta una multa que podría oscilar entre los ARS 5 millones (EUR 206.700) y los ARS 10 millones (EUR 413.000).
Según el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, existe un “entendimiento claro” entre la armadora y las autoridades argentinas, por lo que se espera una sanción menor a la máxima prevista por la ley argentina.